Para 2027 se discuten dos propuestas que vale la pena seguir de cerca. Una plantea limitar las deducciones y el uso de pérdidas fiscales de ciertas empresas; la otra busca que los pagos con tarjeta y transferencia sean más habituales. Son asuntos distintos, pero ambos podrían influir en la manera de administrar un negocio.
La primera podría ocasionar mayores pagos de ISR sin que aumenten las ganancias. La segunda dejaría más operaciones registradas en el sistema financiero. Ninguna constituye todavía una nueva obligación vigente: las iniciativas siguen sujetas al proceso legislativo y pueden modificarse o rechazarse.
La iniciativa para 2027 plantea limitar el aprovechamiento de deducciones de ciertas empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos anuales, siempre que se encuentren en los supuestos previstos. El proyecto contempla excepciones; por ello, no debe interpretarse como una medida aplicable a todas las personas morales.
La propuesta también contempla limitar el aprovechamiento de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.
Cuando una empresa determina pérdidas fiscales y posteriormente obtiene utilidades, la legislación vigente le permite disminuir estas últimas mediante la aplicación de las pérdidas pendientes, sujeto a los requisitos establecidos en la ley.
La iniciativa pretende limitar ese aprovechamiento al 50% de la utilidad fiscal del ejercicio para las empresas comprendidas en el nuevo mecanismo. En otras palabras, aun cuando una sociedad tenga pérdidas fiscales suficientes para disminuir la totalidad de su utilidad, podría encontrarse obligada a pagar ISR sobre una parte de ella.
De manera paralela se discute la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa orientada a ampliar el uso de transferencias, tarjetas bancarias y otros medios electrónicos para comprar bienes, contratar servicios y realizar pagos.
Su objetivo declarado es facilitar las transacciones, fortalecer la inclusión financiera y aprovechar la infraestructura tecnológica existente. Entre sus planteamientos se encuentra que los proveedores de bienes y servicios habiliten mecanismos para recibir pagos electrónicos, además de promover su utilización en trámites y servicios gubernamentales.
La propuesta no establece una prohibición general del efectivo. Por ello, sería incorrecto afirmar que los billetes y monedas desaparecerían de las operaciones comerciales.
Al cobrar con tarjeta o transferencia queda un registro: importe, fecha y determinados datos bancarios. Un pago en efectivo no genera necesariamente ese mismo registro.
Esa diferencia parece pequeña, pero importa cuando se multiplica por las operaciones de miles de negocios.
Esto no significa que todo depósito bancario represente automáticamente un ingreso sujeto a impuestos ni que recibir pagos electrónicos impliquen alguna irregularidad. Significa que puede existir más información para verificar que las operaciones estén correctamente registradas y declaradas.
De esta manera, una economía que utiliza cada vez más transferencias y tarjetas puede facilitar los cruces de información entre lo que se cobra, se factura, se contabiliza y se declara fiscalmente.
Los pagos digitales pueden agilizar los cobros, reducir el manejo de efectivo y facilitar controles. También generan información que puede contrastarse con la contabilidad.
Las dos iniciativas tienen finalidades diferentes, pero podrían influir tanto en la liquidez de algunas empresas como en los registros disponibles para la autoridad.
Debe recordarse que ninguna de estas medidas es definitiva. La propuesta de modificación al ISR continúa pendiente de discusión legislativa, mientras que la Ley de Economía Digital, aprobada por la Cámara de Diputados, sigue su revisión en el Senado. Ambas podrían cambiar sustancialmente o incluso no concretarse.
Por ahora, conviene seguir las propuestas sin tratarlas como obligaciones vigentes. Para las empresas, lo razonable es conocer sus márgenes, cuidar su liquidez y mantener información contable que permita explicar claramente cada operación.
RSA CONTADORES
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CP. Hugo Angel Vega Rivera
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